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México, DF 12 de Marzo 2014.-Para garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos, Nueva Alianza se pronunció por reforzar los mecanismos de control gubernamental, a fin de inhibir y sancionar a las autoridades municipales que incurran en conductas perniciosas.
El diputado Luis Antonio González Roldán apoyó la reforma al tercer párrafo del Artículo 108 constitucional, sobre responsabilidad de los servidores públicos municipales, al considerar que la deshonestidad deteriora el Estado de derecho y genera inmoralidad social y corrupción.
La rendición de cuentas “supone la capacidad de las instituciones públicas para hacer responsables a los gobernantes de sus actos y decisiones. Un servidor público debe conducirse con probidad, responsabilidad, profesionalismo y sobre todo con lealtad al Estado”, expresó.
González Roldán sostuvo que todo régimen que se precie de ser democrático debe tener como baluarte el control y la responsabilidad de sus servidores públicos a niveles federal, estatal y municipal.
Es importante que quien en su función maneje o aplique fondos y recursos federales, los utilice tal y como se establece en el Artículo 134 constitucional: con eficiencia, economía, transparencia, honradez y exclusivamente para los fines que fueron conferidos, expuso.
El legislador consideró que el proyecto de dictamen de dicha reforma es procedente, “toda vez que en el momento en que el municipio fue reconocido como instancia de gobierno, adquirió una responsabilidad social con sus gobernados, por ser éste la instancia de gobierno más cercana a la gente”.
González Roldán aseveró que la reforma sienta un precedente, cuyo principal objetivo será el de erradicar la discrecionalidad en el manejo del erario por las autoridades municipales, “las cuales ahora sí podrán ser procesadas cuando sus acciones vayan en detrimento del bien común”.
Por ejemplo, cuando incumplan la ley, provoquen responsabilidades en favor de sujetos lesionados o del Estado, “que van de acuerdo con los órganos que intervienen, el régimen legal aplicable, los procedimientos para su aplicación y la jurisdicción cuya competencia corresponde”, puntualizó.
